Una de las cosas que sin lugar a dudas más llama la atención a la hora de analizar la ley del consumidor, es darse cuenta como los individuos naturales no saben hacer valer sus derechos al enfrentarse a los distintos problemas que surgen en su relación dentro del mercado. Para muchos la ley es sólo decorativa o bien no conocen los alcances que la misma tiene y como puede afectar a la calidad de los servicios que reciben – dígase servicios de venta de bienes tangibles o intangibles, servicios post venta, garantía y otros -.
Para muchos consumidores sus derechos sólo son validos en cuanto exista un contrato de por medio, y que les garantice el cumplimiento de las clausulas que se estipulan en él, sin embargo los derechos de un consumidor van más allá de lo que estipula un contrato, ya que adquieren similares derechos a la hora de comprar un televisor, como a la hora de firmar un contrato con una casa de estudio.
Un factor clave en la ley – a mi parecer personal – es el apartado dedicado a las responsabilidades por incumplimiento, la que verdaderamente resulta un poco inquietante a la hora de llevarla al caso más conocido dentro del área donde me desenvuelvo, es decir, la universidad misma, sin embargo es notable destacar que el conjunto de artículos está referido en su mayoría a artículos tangibles y a servicios asociados a estos, y no a la prestación de servicios propiamente tal.
En el caso antes mencionado La universidad - como institución que presta un servicio, por el cual se cancela una tarifa – si se lleva al contexto de un contrato comercial, muchas de las cosas por las que un potencial alumno entra a la universidad con una promesa de ciertas cosas que va a recibir durante el proceso de formación profesional, no obstante muchas veces esas “cosas” no las recibe y en gran parte eso no es debido a la falta de recursos, sino a vicios que comenten tanto el proveedor del servicio – la universidad – como el consumidor. Dentro de dichos vicios se encuentra la no exigencia de lo pactado en un inicio, ante lo cual es muy difícil que el proveedor pueda mejorar o bien brindar el servicio faltante; por otra parte cuando un consumidor de este servicio se ve enfrentado a tener que presentar un reclamo, o bien una solicitud, éste se ve frente a una estructura jerárquica y burocrática que hacen no sólo engorroso el tratamiento de una reclamación, sino también que las personas huyan del proceso y que en síntesis no hagan valer sus derechos ante el incumplimiento de las clausulas del servicio.
Si se tuviera que definir el por qué una persona no hace reclamaciones, en gran medida se debe al desconocimiento de sus derechos, pero la mayoría de los casos es para evitar tramites engorrosos por “ignorancia voluntaria”. Otro factor importante en el proceso de la exigencia de los derechos del consumidor, y que evita que las personas hagan reclamaciones o exigencias, es el hecho que los individuos no quieren verse involucrados en algo que los haga sentir vergüenza, aunque esta singular actitud poco a poco ha ido disminuyendo, y se reduce al tipo de institución en donde desean hacer la reclamación, por ejemplo el caso de las compañías telefónicas han aumentado considerablemente los reclamos que terminan con resoluciones favorables hacia los consumidores, cosa que antes era muy complejo.
Por otra parte se ha sumado a favor del consumidor los avances tecnológicos que le han permitido exigir sus derechos a distancia y seguir dichos procesos sin tener que hacer largas filas o bien engorrosos papeleos, sin embargo en gran medida las reclamaciones parten por los consumidores y si ellos no las presentan, es muy difícil que los distintos proveedores puedan mejorar o arreglar sus bienes y servicios.
Un factor relevante de poder hacer reclamaciones y que esto esté normado, es el hecho que se transforma en la herramienta de perfeccionamiento de los procesos de producción y de mejoramiento de los servicios que brindan los distintos proveedores, del mismo modo han generado nuevos productos que satisfacen necesidades que antes no existían.
Es notable ver como cada normativa existente en la ley del consumidor no sólo brinda una normativa que regula la actividad comercial y su trato con los consumidores, sino también se transforma en herramienta del comercio como defensa y contrato con los consumidores y viceversa, del mismo modo que es una herramienta de mejoramiento continuo, sin embargo existen instituciones que aún cuando se podrían considerar como proveedores, no están dentro de está legislación y no pueden ser sancionadas por la falta o incumplimiento de sus servicios, como es el caso de la universidad, que es el caso puntual por el cuál decidí tratar este punto en el presente documento.
Para muchos consumidores sus derechos sólo son validos en cuanto exista un contrato de por medio, y que les garantice el cumplimiento de las clausulas que se estipulan en él, sin embargo los derechos de un consumidor van más allá de lo que estipula un contrato, ya que adquieren similares derechos a la hora de comprar un televisor, como a la hora de firmar un contrato con una casa de estudio.
Un factor clave en la ley – a mi parecer personal – es el apartado dedicado a las responsabilidades por incumplimiento, la que verdaderamente resulta un poco inquietante a la hora de llevarla al caso más conocido dentro del área donde me desenvuelvo, es decir, la universidad misma, sin embargo es notable destacar que el conjunto de artículos está referido en su mayoría a artículos tangibles y a servicios asociados a estos, y no a la prestación de servicios propiamente tal.
En el caso antes mencionado La universidad - como institución que presta un servicio, por el cual se cancela una tarifa – si se lleva al contexto de un contrato comercial, muchas de las cosas por las que un potencial alumno entra a la universidad con una promesa de ciertas cosas que va a recibir durante el proceso de formación profesional, no obstante muchas veces esas “cosas” no las recibe y en gran parte eso no es debido a la falta de recursos, sino a vicios que comenten tanto el proveedor del servicio – la universidad – como el consumidor. Dentro de dichos vicios se encuentra la no exigencia de lo pactado en un inicio, ante lo cual es muy difícil que el proveedor pueda mejorar o bien brindar el servicio faltante; por otra parte cuando un consumidor de este servicio se ve enfrentado a tener que presentar un reclamo, o bien una solicitud, éste se ve frente a una estructura jerárquica y burocrática que hacen no sólo engorroso el tratamiento de una reclamación, sino también que las personas huyan del proceso y que en síntesis no hagan valer sus derechos ante el incumplimiento de las clausulas del servicio.
Si se tuviera que definir el por qué una persona no hace reclamaciones, en gran medida se debe al desconocimiento de sus derechos, pero la mayoría de los casos es para evitar tramites engorrosos por “ignorancia voluntaria”. Otro factor importante en el proceso de la exigencia de los derechos del consumidor, y que evita que las personas hagan reclamaciones o exigencias, es el hecho que los individuos no quieren verse involucrados en algo que los haga sentir vergüenza, aunque esta singular actitud poco a poco ha ido disminuyendo, y se reduce al tipo de institución en donde desean hacer la reclamación, por ejemplo el caso de las compañías telefónicas han aumentado considerablemente los reclamos que terminan con resoluciones favorables hacia los consumidores, cosa que antes era muy complejo.
Por otra parte se ha sumado a favor del consumidor los avances tecnológicos que le han permitido exigir sus derechos a distancia y seguir dichos procesos sin tener que hacer largas filas o bien engorrosos papeleos, sin embargo en gran medida las reclamaciones parten por los consumidores y si ellos no las presentan, es muy difícil que los distintos proveedores puedan mejorar o arreglar sus bienes y servicios.
Un factor relevante de poder hacer reclamaciones y que esto esté normado, es el hecho que se transforma en la herramienta de perfeccionamiento de los procesos de producción y de mejoramiento de los servicios que brindan los distintos proveedores, del mismo modo han generado nuevos productos que satisfacen necesidades que antes no existían.
Es notable ver como cada normativa existente en la ley del consumidor no sólo brinda una normativa que regula la actividad comercial y su trato con los consumidores, sino también se transforma en herramienta del comercio como defensa y contrato con los consumidores y viceversa, del mismo modo que es una herramienta de mejoramiento continuo, sin embargo existen instituciones que aún cuando se podrían considerar como proveedores, no están dentro de está legislación y no pueden ser sancionadas por la falta o incumplimiento de sus servicios, como es el caso de la universidad, que es el caso puntual por el cuál decidí tratar este punto en el presente documento.
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